La fiscal general de Nueva York, Letitia James, ha exigido más detalles a Instacart sobre sus controvertidas pruebas de precios, sugiriendo que el esquema podría haber infringido una nueva ley estatal de divulgación algorítmica. Esta medida surge tras hallazgos que revelaron a clientes pagando precios significativamente diferentes por los mismos productos en las mismas tiendas a través de la plataforma. La polémica sobre los precios Instacart está lejos de terminar.
Un informe de Consumer Reports y Groundwork Collaborative a finales del año pasado puso de manifiesto que un solo artículo en Instacart podía tener hasta cinco precios distintos, con variaciones de hasta el 20% en productos como el pavo Oscar Mayer o la mantequilla de maní Skippy. Estas inconsistencias generaron una fuerte reacción, llevando a acusaciones de «precios de vigilancia» que Instacart ha negado rotundamente.
La empresa defendió que su tecnología permitía a los minoristas experimentar con precios en sus propias tiendas y que nunca utilizó información demográfica para fijarlos, ni implementó «precios dinámicos o de vigilancia». Sin embargo, la oficina de la fiscal general de Nueva York considera que estas explicaciones no son suficientes y ve posibles infracciones a la nueva Ley de Divulgación de Precios Algorítmicos.
La nueva ley de precios algorítmicos de Nueva York
La Ley de Divulgación de Precios Algorítmicos de Nueva York, que entró en vigor en noviembre, prohíbe a las plataformas utilizar precios algorítmicos sin una divulgación previa y clara a los consumidores. Esta legislación es pionera en el país, exigiendo un nivel de transparencia sin precedentes a las empresas que operan con algoritmos de fijación de precios. Para más detalles sobre la postura oficial, se puede consultar el sitio de la Fiscalía General de NY.
La oficina de la fiscal general, según reportó Fast Company, ha señalado que la divulgación de Instacart se encontraba «enterrada» en una página vinculada a las portadas de ciertas tiendas, accesible solo «haciendo clic en un texto de letra pequeña». Esto contrasta con lo exigido por la ley, que estipula que los precios deben aparecer en las páginas de categorías de productos y en las páginas individuales de cada artículo.
Letitia James enfatizó que «cobrar precios diferentes por los mismos productos hace que los compradores se sientan engañados y amenaza con aumentar los costos en un momento en que los consumidores ya están pagando demasiado en el supermercado». La investigación de la fiscalía busca ahora obtener información detallada sobre los acuerdos de fijación de precios de Instacart y las herramientas empleadas para controlar los precios mostrados.
El impacto de las fluctuaciones en los precios Instacart
Las variaciones en los precios Instacart no solo generan desconfianza entre los usuarios, sino que también plantean interrogantes sobre la equidad y la transparencia en el comercio electrónico. En un mercado donde la inflación ya presiona los presupuestos familiares, la percepción de manipulación de precios puede erosionar rápidamente la lealtad del cliente.
La controversia subraya la creciente necesidad de regulaciones claras para las plataformas digitales que utilizan algoritmos complejos en sus operaciones. A medida que más consumidores dependen de servicios de entrega a domicilio, la supervisión de prácticas como las pruebas de precios se vuelve crucial para proteger los derechos e intereses de los compradores.
El desenlace de la investigación de la fiscal general de Nueva York contra Instacart sentará un precedente importante para la aplicación de leyes de transparencia algorítmica en Estados Unidos. La compañía se enfrenta a la presión de demostrar que sus prácticas se alinean con las expectativas de los consumidores y las exigencias legales, mientras el sector tecnológico observa atentamente cómo se definen los límites de la fijación de precios en la era digital.
