Las calles de Irán vuelven a ser escenario de protestas masivas, pero la respuesta del gobierno, a principios de 2026, marca una divergencia notable respecto a episodios anteriores. Impulsadas por el colapso de la moneda y una inflación galopante, estas manifestaciones, que en muchos casos exigen el fin de la República Islámica, han encontrado una reacción inicial más contenida por parte de las fuerzas de seguridad.
Este cambio en la dinámica es crucial. A diferencia de la rápida y brutal represión observada durante el Movimiento Verde de 2009 o el levantamiento “Mujer, Vida, Libertad” de 2022, la administración del presidente Masoud Pezeshkian optó inicialmente por reformas de ajuste económico. Estas medidas buscan liberar fondos para subsidios a los más pobres, una estrategia que subraya la delicada situación interna y externa que enfrenta el régimen.
La encrucijada económica y social de Teherán
La raíz de las actuales protestas se encuentra en una profunda crisis económica que golpea a la población. La devaluación de la moneda iraní ha mermado drásticamente el poder adquisitivo, mientras la inflación descontrolada erosiona los ahorros y la estabilidad de las familias. Esta situación ha generado un descontento generalizado que se manifiesta en las calles con una intensidad preocupante para las autoridades.
Según un análisis de Project Syndicate, publicado el 9 de enero de 2026, la élite gobernante de Irán se encuentra ante un dilema complejo: una represión excesiva podría deshacer el frágil entendimiento forjado con la población tras la guerra de 12 días del año pasado con Israel y Estados Unidos. Sin embargo, permitir que las protestas escalen podría, a su vez, invitar a una intervención extranjera, un escenario que Teherán busca evitar a toda costa.
La memoria de conflictos pasados y la presión internacional añaden capas de complejidad a la toma de decisiones del régimen. La necesidad de mantener la cohesión interna frente a amenazas externas, reales o percibidas, choca con la urgencia de responder a las demandas de una población exhausta por la precariedad económica. Este equilibrio precario define la política interna de Irán en este momento crítico.
El cálculo político de una respuesta diferente
La lentitud de las fuerzas de seguridad en reaccionar brutalmente, en contraste con eventos pasados, no es una señal de debilidad, sino de un cálculo estratégico. El presidente Pezeshkian y su gobierno parecen reconocer que la represión indiscriminada podría ser contraproducente, exacerbando el resentimiento popular y desestabilizando aún más el país. Este enfoque sugiere una comprensión de la necesidad de abordar las causas subyacentes del malestar.
Este cambio táctico indica que el régimen está sopesando cuidadosamente las consecuencias de sus acciones. Un informe del Fondo Monetario Internacional de finales de 2025 ya había advertido sobre la vulnerabilidad de la economía iraní a shocks internos y externos, destacando la necesidad de reformas estructurales. La respuesta inicial del gobierno con medidas económicas, en lugar de solo fuerza, refleja esta realidad.
El futuro de Irán dependerá en gran medida de cómo el régimen logre equilibrar la presión de las protestas internas con las complejas dinámicas geopolíticas. La capacidad de Teherán para implementar reformas significativas y restaurar la confianza pública, sin provocar una escalada de violencia o una intervención externa, será la prueba definitiva de su estrategia en este momento decisivo.
