El gobierno federal de EE. UU. ha marcado un cambio significativo en su estrategia de financiación para startups, moviéndose de subvenciones tradicionales a la adquisición de participaciones accionarias. Esta nueva dirección, ejemplificada por una inversión de 150 millones de dólares en una startup de semiconductores, introduce una incertidumbre considerable para los emprendedores.
Durante años, el apoyo federal a la investigación y desarrollo (I+D) se estructuró como subvenciones no dilutivas y premios de los programas Small Business Innovation Research (SBIR) y Small Business Technology Transfer (STTR). Estos mecanismos permitían a las empresas en fase inicial validar sus ideas con respaldo federal sin ceder capital, atrayendo luego a inversores privados.
Sin embargo, este paradigma está cambiando silenciosamente. La administración considera ahora tratar algunas subvenciones como inversiones de capital de riesgo, lo que altera fundamentalmente el cálculo para los fundadores. La fuente Fast Company destacó este giro, subrayando la falta de reglas claras sobre cuánto capital podría tomarse o cómo funcionaría la dilución.
El nuevo panorama de la inversión gubernamental en startups
Para los fundadores, esta situación genera una genuina incertidumbre. El gobierno aún no ha definido las reglas de compromiso para lo que significa la propiedad en una startup. No hay respuestas claras sobre cuánto capital podría tomarse, cómo funcionaría la dilución con el tiempo, cuándo espera el gobierno un retorno o quién gestionaría estas posiciones. Las startups ya luchan por mantener sus tablas de capitalización lo suficientemente limpias para la inversión privada; añadir una agencia federal al panorama introduce una nueva fricción.
Inversores experimentados suelen preguntar sobre la composición de los inversores antes de comprometer capital. Incluso los más avezados podrían dudar si la respuesta incluye «el gobierno de los Estados Unidos». Esta dinámica podría disuadir la inversión privada esencial para el crecimiento a largo plazo. Según un informe del Departamento de Comercio de EE. UU. de 2023, la claridad en las estructuras de financiación es crucial para la atracción de capital privado.
Lecciones históricas y el camino a seguir
Existe una historia instructiva en este ámbito. Hace veinte años, el estado de Texas lanzó el Fondo de Tecnología Emergente con el objetivo de apoyar a empresas tecnológicas de alto crecimiento a través de un modelo de riesgo. Este fondo encontró problemas estructurales, incluyendo cláusulas de no dilución que impidieron que se diluyera equitativamente junto a otros inversores, lo que finalmente socavó el crecimiento de sus empresas de cartera. Nuevos inversores se negaban a financiarlas porque el riesgo no se compartía de manera justa.
La lección es clara: el capital público puede ser valioso, pero si ignora las dinámicas del mercado y las expectativas de los inversores, puede ahogar el mismo crecimiento que pretende catalizar. La urgencia de esta presión por el capital es particularmente preocupante dado que los programas SBIR y STTR, históricamente la columna vertebral del apoyo federal no dilutivo para empresas en fase inicial, expiraron el 30 de septiembre de 2025 y permanecen sin autorización. Estos programas distribuían aproximadamente 4.730 millones de dólares anuales.
Los oficiales de programa son expertos en evaluación de investigación y mérito científico, no están capacitados para realizar evaluaciones al estilo de capital de riesgo sobre valoración o términos de capital. Pedirles que desempeñen ambos roles simultáneamente crea tensión. Si el gobierno federal procede con inversiones de capital, debe establecer estándares claros: ¿Cómo se estructuran las posiciones? ¿Quién las posee? ¿Cuándo se espera liquidez? ¿Cómo evoluciona la relación a medida que las empresas recaudan capital? Estas decisiones no pueden improvisarse.
Los emprendedores deben abordar esta nueva realidad con expectativas claras sobre las implicaciones a largo plazo. Si bien la introducción de capital gubernamental con participación accionaria puede presentar desafíos, también podría abrir oportunidades significativas si se establecen reglas transparentes y un marco de colaboración que beneficie tanto al sector público como al privado.
