Una controvertida propuesta de impuesto a los multimillonarios en California ha desatado una fuerte disputa política en Silicon Valley, donde líderes tecnológicos amenazan con abandonar el estado. El gobernador demócrata Gavin Newsom, temiendo un éxodo de riqueza, está maniobrando para bloquear este gravamen, según reportó Fast Company.
California, epicentro de la tecnología, alberga a cientos de multimillonarios, más que cualquier otro estado. Aproximadamente la mitad de sus ingresos por impuestos personales, columna vertebral de un presupuesto cercano a los 350 mil millones de dólares, proviene del 1% de los contribuyentes con mayores ingresos.
Un influyente sindicato de salud busca llevar a votación en noviembre una iniciativa que impondría un impuesto único del 5% sobre los activos de los multimillonarios, incluyendo acciones, arte, negocios y propiedad intelectual. Este impuesto busca compensar los recortes federales en la financiación de servicios de salud para personas de bajos ingresos.
Las implicaciones del impuesto y el temor a un éxodo
Aunque el impuesto afectaría a una porción minúscula de los 39 millones de residentes de California, drenaría recursos de una vasta bolsa de riqueza. La medida se aplicaría retroactivamente a los multimillonarios que residían en el estado a partir del 1 de enero.
Al menos 25 multimillonarios incluidos en la lista Forbes 2025 de las 500 personas más ricas del mundo, vivían en California o tenían vínculos significativos con el estado, según una revisión de Associated Press. Determinar su residencia a tiempo completo podría generar disputas, dado que muchos poseen propiedades en otros lugares.
“Realmente están jugando con fuego con esto”, advirtió Aaron Levie, CEO de Box, una empresa cotizada de Silicon Valley. Levie, que no es multimillonario, expresó su preocupación de que el impuesto propuesto impulse a los emprendedores a buscar otros lugares para establecer sus empresas y lanzar nuevas startups.
Incluso pioneros tecnológicos de tendencia liberal “lo encontrarían absurdo por motivos puramente económicos y estructurales, incluso si estuvieran de acuerdo en que la causa en sí misma es muy digna”, añadió Levie. Este escenario podría debilitar la capacidad innovadora y financiera del estado.
El dilema político y la división demócrata
El gobernador Newsom se ha opuesto históricamente a los impuestos sobre el patrimonio a nivel estatal, argumentando que tales gravámenes serían perjudiciales para la cuarta economía más grande del mundo. En un momento en que California enfrenta un déficit presupuestario, Newsom busca bloquear la propuesta antes de que llegue a las urnas.
Analistas políticos, como Jack Pitney, politólogo de Claremont McKenna College, señalan que un éxodo de multimillonarios podría significar una pérdida de cientos de millones de dólares en impuestos. Esto complicaría aún más el camino de Newsom hacia una posible nominación presidencial en 2028.
La propuesta ha creado una profunda división entre Newsom y miembros prominentes del ala progresista de su partido, incluyendo al senador de Vermont Bernie Sanders, quien la respaldó y sugirió que debería ser un modelo para otros estados. Sanders comentó en redes sociales que “nuestra nación no prosperará cuando tan pocos tienen tanto mientras tantos tienen tan poco”.
El Service Employees International Union (SEIU), principal impulsor de la medida, considera que la amenaza de un éxodo es exagerada. Suzanne Jimenez, jefa de gabinete de SEIU-United Healthcare Workers West, afirmó en un comunicado que el impuesto es una “respuesta viable a una crisis creada por el Congreso” y que “mantendría abiertas las salas de emergencia, el personal hospitalario y los sistemas de atención médica funcionando”.
Por otro lado, la California Business Roundtable lidera un esfuerzo para derrotar la medida. Argumentan que “socavaría nuestra economía, diezmaría el presupuesto estatal, expulsaría la inversión del estado y, en última instancia, encarecería la vida cotidiana de las familias trabajadoras”.
La tensión entre la necesidad de financiación pública y el temor a la fuga de capitales es palpable. El futuro de esta iniciativa, que requiere más de 870.000 firmas para calificar para la boleta, aún es incierto, pero sus repercusiones ya resuenan en el panorama económico y político de California, dejando entrever un debate crucial sobre la justicia fiscal y la competitividad económica.
